"...Y yo me quedo en casa, me duele todo,
quién va a aguantarme con este mono...
Y yo me quedo en casa, no necesito
tenerte cerca cuando vomito...
Me da igual.
me voy a poner deltoya sin parar.
me da igual deltoya.
Voy a dar la vuelta a tó y no sé muy bien porqué:
y a romper deltoya.
Y a firmar en todas las paredes con mi piel..."
Extremoduro, "Deltoya"
Requería hace tiempo
Citoyen una reflexión sobre una cuestión discutida numerosas veces: la legalización de algunas drogas, hoy por hoy, vetadas por la ley. Algunos, como
Lüzbel, ya han aportado su análisis al respecto y he querido participar por lo interesante del asunto.
Quizá lo primero sea determinar el problema. Podríamos tomarlo como una cuestión de principios pero hacerlo así suele llevarnos al encontronazo. Invocar la libertad individual, por ejemplo, está muy bien, pero lo cierto es que todos y cada uno de los ciudadanos limitamos nuestro albedrío, con más o menos duelo, a cambio de seguridad y bienestar. Pongamos un ejemplo: a más de uno le gustaría tener un Kalashnikov en su casa, quizá sólo para colgarlo, inofensivo, al lado del cuadro abundante en jinetes y sabuesos que aburre el salón. El hecho es que, con muy buen criterio, la administración no nos deja tener armas de repetición en nuestro domicilio para epatar a las visitas. A alguno esto le parecerá una intolerable limitación de sus libertades, pero es posible que a las víctimas de Tim Kretschmer hasta les haya parecido un poco laxo el control de armas de fuego en la República Federal Alemana. Por contra, podemos proclamar la absoluta necesidad moral de erradicar el consumo de estupefacientes, perdiendo de vista las dificultades casi inabordables que impiden tal opción, empecinándonos en la represión a ultranza de la distribución y el consumo. No es una opción prudente y, sobre todo, ha demostrado fracasar en sus objetivos.
Así que en este asunto hay que tratar de encontrar un adecuado equilibrio entre bienestar social y libertad individual. Este equilibrio es dinámico y alcanzarlo exige tomar en cuenta las circunstancias, la historia, los medios, etc... la fea realidad, vamos. Los principios y valores irrenunciables mejor se los dejamos a los testigos de Jehová.
Sabido esto, podemos centrarnos en comprender los perjuicios que el uso de las drogas actualmente ilegalizadas trae al individuo y a la sociedad. A partir de aquí habría que instrumentar los medios que permitan limitar al máximo estos perjuicios, tratando al mismo tiempo de vulnerar lo menos posible la libertad individual. Veamos.
Aunque el término es quizá demasiado amplio, voy a considerar que droga es toda substancia cuya metabolización provoca un efecto narcótico, depresor, estimulante o alucinógeno. Esta definición, cómo no, es discutible, pero creo que suficiente para continuar con la discusión.
Si tal cosa fuera meramente así y no tuviera más consecuencias no habría mayor problema. Hay quien alcanza los estados descritos arriba leyendo a Lois Mac Master Bujold, montando en moto o practicando sexo con su vecinita de dieciocho años. De hecho, la práctica de tales actividades no sólo es legal si no que por mi parte lo aconsejo encarecidamente. Por contra, el consumo de drogas:
- Puede originar alteraciones en el estado de conciencia que den lugar a conductas peligrosas.
- Suele provocar, en mayor o menor grado, adicción.
- Implica, si es abusivo, daños a la salud más o menos graves en función de los hábitos de consumo y del tipo de droga de la que se trate.
Esto, en un estado social y de derecho como el nuestro, implica necesariamente la intervención de la administración para solventar o paliar los perjuicios causados por el consumo de drogas. Desde la restauración de la seguridad ciudadana hasta el cuidado sanitario del consumidor, pasando por la resolución de conflictos laborales o de deficiencias educativas originadas en los hábitos de consumo. Todo esto supone vulneraciones a bienes jurídicos de otros ciudadanos en el peor de los casos (un homicidio causado bajo influencia del alcohol, p.ej) y un considerable gasto de recursos por parte de la administración en el mejor.
Por lo tanto, es obvio que el estado ha de utilizar los medios adecuados para que el consumo abusivo de drogas sea el menor posible. Acentúo la importancia de la palabra "adecuados", pues sobre este concepto gira buena parte del razonamiento. Adecuado significa que ha de existir proporcionalidad entre los medios utilizados y los objetivos alcanzados. De poco sirve lograr un consumo de drogas casi nulo a cambio de convertir el nuestro en un estado policial, donde se vulneren las libertades y haya que gastar el 5% del presupuesto de las administraciones públicas en combatir el tráfico y consumo de estupefacientes.
El primer paso sería, pues, conocer los costos que origina tal consumo. Podríamos dividirlos en:
- Gastos soportados por el estado: de seguridad ciudadana, judiciales, penitenciarios, sanitarios, educativos y de la seguridad social.
- Gastos soportados por las empresas: absentismo laboral, bajo rendimiento, falta de adaptación y conflictos laborales.
- Gastos sociales, éstos más difíciles de cuantificar, como la desintegración familiar, influencia en el fracaso escolar, conducta desviada pre-delincuencial, psicopatologías y corrupción política y financiera.
Hay que hacer notar que la aplicación de políticas más o menos restrictivas respecto a la distribución y consumo de drogas inciden desigualmente en unos u otros. Así, una liberalización total supondría, seguramente, una muy drástica bajada en los costos de seguridad ciudadana, jurídicos, penitenciarios y en los asociados a la corrupción, pero una probable subida en el resto. Lo contrario es válido según éstas políticas sean más restrictivas.
A partir de aquí habría que estudiar más a fondo las consecuencias de la legalización y regulación del comercio de drogas. Citoyen afirma, y Lüzbel, matizándolo, está de acuerdo, en que tal legalización supondría un aumento, en agregado, del consumo. Las causas que lo provocarían serían varias pero se apuntan éstas:
- La legalización implicaría una normalización del consumo, la aceptación por parte de la sociedad de que no es una conducta censurable en tanto que no es punible.
- El menor precio y la mayor facilidad de adquisición aumentarían la demanda.